El Consejo de Estado ha pedido a la DGT, básicamente, que cambie de arriba a abajo la reforma del Reglamento General de Circulación que el organismo prevé tener aprobado antes de este verano y que introduce, por ejemplo, la reducción de la velocidad máxima de 100 a 90 km/.
El informe del órgano, consultivo pero no vinculante, dice, que este cambio «no está justificado y ralentizará los desplazamientos». E igualmente cuestiona la subida a 130 km/h en determinados tramos y de forma puntual ya que «disminuirá la conciencia de riesgo» por parte de los conductores.
En cambio, no da por suficientes los argumentos que, en este sentido, aplica la DGT para bajar en las carreteras secundarias. Según el Consejo de Estado, lo que se producirá «es un impacto negativo es los criterios de conducción segura aprendidas durante años».
El aspecto más chocante es cuando el organismo asegura que se quieren establecer «controles de velocidad a los peatones» al regular que «los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano». Pero es que Tráfico nunca habla de peatones sino de, por ejemplo, un ciclista que lleva la bici de la mano, o alguien que guía a un caballo desde el suelo.
Del mismo modo afirma que «nadie podrá participar en fiestas, bodas y celebraciones en las que se consume alcohol ya que, si un vehículo sufre un accidente en las inmediaciones, será sometido a un control de alcoholemia». La intención no es hacérselos a cualquiera que pase por allí, sólo a peatones involucrados en el incidente o que cometan una infracción.
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