La Comunidad trabaja en Turespaña para aprobar una normativa que satisfaga a los usuarios de estos vehículos, que piden aparcamientos específicos a bajo precio, sin dañar los intereses de los camping.
La acampada libre de autocaravanas en Aragón se juega su futuro en las próximas fechas. La dirección general de Turismo de la Comunidad participará en una mesa de trabajo en Turespaña de la que saldrá una nueva normativa que regulará esta actividad.
El objetivo no es otro que hacer un hueco legal a las demandas de los usuarios de estos vehículos sin dañar los intereses de los empresarios que se verían afectados, principalmente los campings. “En breve tendremos la primera reunión para buscar entendimientos con el resto de comunidades y homogeneizar las diferentes normativas”, explica Elena Allué, directora general de Turismo de la DGA.
El origen de esta iniciativa proviene de las quejas de los propietarios de autocaravanas, molestos por las multas y por una regulación que a su juicio es “muy perjudicial” para sus actividad, y “muy alejada” de lo que rige en el resto de Europa, donde aseguran que hay mayor permisividad con el estacionamiento de estos vehículos-vivienda.
“Mientras en Alemania o Francia cuentan con más de 4.000 áreas de estacionamiento, aquí vamos a la cola, y eso que cada verano vienen unas 200.000 autocaravanas de toda Europa para hacer turismo”, lamenta Julián Pedra, presidente de la Plataforma de Autoautocaravanas Autónomas (PACA).
Se calcula que en España hay cerca de 40.000 caravanistas que reclaman su espacio para poder viajar con libertad, sin la obligación de pernoctar en campings. “En algunos nos quieren cobrar más caro que en una casa rural”, critica Pedra, por lo que han elaborado su propio modelo de normativa, que van ofreciendo a los ayuntamientos interesados.
“Muchos ya la han aceptado”, asegura Ricardo Martínez, delegado de PACA en Zaragoza. “De hecho, ya tenemos una docena de áreas acondicionadas en Aragón, como en Calatayud, Andorra, Cantavieja... en Sos la inauguraremos el 7 de junio. En total hay unas 400 en toda España”, comenta.
Sin embargo, una de las 'plazas' que se les resiste es la propia capital aragonesa. “Llevamos tiempo hablando con el Ayuntamiento de Zaragoza, pero se niegan a concedernos un espacio específico porque nos remiten al camping municipal. La consecuencia es que todo el mundo pasa de largo de la ciudad”, explica Martínez.
Alcantarillas y tomas de agua
Más allá de la controversia sobre si una caravana, solo por aparcar, ya está acampando, los usuarios reclaman zonas de estacionamiento acondicionadas y de titularidad pública -con un precio de uso sensiblemente menor al de la iniciativa privada-.
Estas áreas deben contar con una infraestructura de alcantarillado para aguas grises y negras, tomas de agua y luz, y una cierta seguridad. Las asociaciones de caravanistas aseguran a los ayuntamientos que con estas instalaciones los municipios reciben el dinero de los viajeros en forma de consumo (panaderías, restaurantes, etc.).
Sin embargo, los propietarios de alojamientos no lo ven tan claro. El presidente de la Asociación de Empresarios de Campings de Aragón (AECA), José Manuel Ferrero, deja claro que “no hay disputa ni confrontación con las caravanas, de hecho son nuestro principales clientes y tenemos una gran relación con ellos”.
Pero lamenta que un uso indebido de estos vehículos pueda generar una situación de competencia desleal. “Pagamos nuestros impuestos, creamos empleo, pasamos las revisiones de seguridad... por eso no vemos bien que cualquiera pueda acampar en Ordesa o Albarracín, sitios donde está prohibido”, apunta.
Además, lamenta la “mala imagen” que da este tipo de actividad al turismo de la Comunidad y asegura que las tarifas que ofrecen son adecuadas para el servicio. “Una caravana puede dormir en un camping por entre 12 y 18 euros, un precio que creo que es justo”.
Ferrero comparte la idea de promover una nueva normativa y facilitar áreas de estacionamiento, siempre y cuando cumplan con la ley, ofrezcan unos servicios mínimos de seguridad e higiene, y sean de pago. “Muchos ayuntamientos en dificultades creen que con estas áreas públicas atraen a más turistas, pero al final, si no cobras por ese servicio, supone un coste, no creas puestos de trabajo y no ayudas a potenciar la economía de Aragón”, resume.
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