Interior pone en marcha un dispositivo para atajar el fenómeno
El municipio cobra por acceder a algunas playas
Zona que el Ayuntamiento de Tarifa ha vallado para impedir el asentamiento de autocaravanas. / ANDRÉS CARRASCO
kilómetros de playas vírgenes que suma el término municipal de Tarifa han convertido a este municipio gaditano en un paraíso para los turistas, en un foco de atracción imprescindible para algunas prácticas deportivas como el windsurf o el kite-surf. Su población se multiplica por siete en los meses de verano (de 17.000 habitantes pasa a 120.000) lo que ocasiona serios problemas de aglomeraciones. Pero Tarifa tiene otra peculiaridad: es punto de referencia para la acampada libre, protagonizada especialmente por autocaravanas.
Se trata de una práctica habitual desde hace más de dos décadas. En este tiempo, se han realizado muchos intentos de atajarla sin resultados positivos. Entre otras cosas, porque la legislación no es muy clara, salvando la ordenanza municipal que lo prohíbe.
En Tarifa, existen más de 1.200 parcelas en los seis cámpings que tiene el municipio, pero la necesidad de unos y el objetivo de otros de ahorrarse el alquiler ha llevado a que durante años se hayan consolidado varias zonas de aparcamiento que se han convertido en lugares de peregrinación de miles de turistas que practican la acampada libre de forma ilegal. Zonas como Los Carriles, junto a la playa de Los Lances II, Casas de Porros, la urbanización La Marina o los alrededores del Santuario de la Luz son algunos de los sitios preferidos por los turistas.
El pasado verano, la Guardia Civil interpuso un total de 2.766 sanciones administrativas por acampar de forma ilegal en el término municipal. Una cifra que este año alcanza ya las 989 denuncias. Para controlar este fenómeno, el Ministerio del Interior ha diseñado este año un dispositivo formado por 85 agentes que peinan a diario toda la zona de costa del municipio para impedir que proliferen los poblados de campistas. Lo que más preocupa, asegura José Antonio Santos, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Tarifa, es “la posibilidad de que se pueda producir algún accidente”. “Son numerosos los turistas que, a pesar de la prohibición, encienden barbacoas en zonas en las que la fuerza del viento puede provocar situaciones indeseadas”, afirma Santos.
La lucha contra las acampadas ilegales en el municipio gaditano comenzó hace más de una década, cuando la proliferación de autocaravanas causó una masificación en zonas del Parque Natural del Estrecho de Gibraltar. Las presiones de la patronal hostelera gaditana y del Ayuntamiento de Tarifa han hecho que la Guardia Civil haya acabado con algunos de esos asentamientos. “Es difícil erradicar este problema porque la movilidad de los turistas, yendo de un lado para otro cuando se les echa, impide un control total”, recalca el concejal tarifeño.
Otra medida que este año ha favorecido el desplazamiento de algunas acampadas a otros puntos del litoral ha sido la polémica decisión del Ayuntamiento de impedir el acceso a la playa de Los Lances a los vehículos que no paguen 1,5 euros. Este abono —que se eleva a cinco euros en el caso de las caravanas y autocaravanas— se exige por aparcar en Los Carriles, pese a que es una zona de de dominio público.
El Consistorio también está cobrando por estacionar en parcelas municipales distribuidas cerca de las playas de Valdevaqueros y Bolonia, lo que está generando quejas de los usuarios.
En ambas zonas, el Consistorio ha colocado carteles informativos del horario de aparcamiento (de nueve de la mañana a nueve de la noche), quedando prohibido el estacionamiento fuera de esas horas. Esta decisión impide que muchos visitantes puedan pernoctar en zonas del parque natural. Son medidas con las que se trata de poner freno a una situación que resulta cada vez más difícil de controlar.
