Viernes 3 de febrero de 2012
Ala tercera fue la vencida. Después de debatirse en tres plenos ordinarios del Ayuntamiento de Santa Pola, en la sesión celebrada el pasado viernes 27 de enero se aprobó por unanimidad de los cuatro grupos políticos la Ordenanza Municipal sobre Parada y Estacionamiento de Autocaravanas en el Término Municipal de Santa Pola. Como principio general, la ordenanza estipula que las autocaravanas deben cumplir las reglas, normas de tráfico y circulación. El artículo dos dice textualmente que “el tiempo máximo de permanencia en el lugar de estacionamiento será de 48 horas” y que cambiar de zona dentro del mismo municipio se considerará “un incumplimiento de duración del estacionamiento”. En la ordenanza queda claro, además, que se permite estacionar, pero nunca acampar para “evitar la masificación de autocaravanas o vehículos similares en una determinada zona pudiendo el Ayuntamiento de Santa Pola establecer diferentes áreas de estacionamiento con limitación de estacionamiento”. También se define el uso de estas áreas específicas para autocaravanas, donde el tiempo máximo de estacionamiento será de 72 horas. Se establece un régimen sancionador con multas cuyo importe oscila entre los 100 y los 1.500 euros, según figura en el cuadro adjunto. Como medida cautelar, en el caso de que el infractor no acredite su residencia en territorio español, se podrá inmovilizar el vehículo. La ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Parking El pleno también denegó una solicitud de Generala, la empresa del parking del Castillo, para constituir una hipoteca sobre la concesión del estacionamiento por importe de 3,9 millones de euros ya que la hipoteca debe servir como garantía al objeto de la concesión, y no para que la empresa haga frente a otras deudas. Respondiendo a preguntas de la oposición, la edil de Infraestructuras, Loreto Serrrano, aclaró que, como mínimo, siempre hay una persona vigilando el parking y un sistema informatizado avisa si hay algún problema. Y la rotura detectada hace dos semanas que ha obligado a desalojar la tercera planta se debe, según explicó Serrano a un fallo en uno de los tubos por donde se bombeaba el agua durante la obra. La reparación entra en el mantenimiento y no tendrá coste alguno para el Ayuntamiento. Una propuesta de resolución del Grupo Municipal Socialista contra la financiación de la Fórmula 1 quedó sobre la mesa y sí se aprobó la segunda parte de esta propuesta, de apoyo a la subvención del Centro de Investigaciones Príncipe Felipe. Se aprobó por unanimidad una moción de los cuatro grupos contra la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Los tres grupos de la oposición, EU, Compromís y Socialista, presentaron una moción contra la cesión de suelo municipal de uso escolar a empresas privadas que fue denegada merced a la mayoría absoluta del PP. Así, recordamos que la Conselleria de Educación ha planteado la fórmula de que empresas particulares construyan los centros educativos en suelo público a cambio de una concesión de varias décadas. Argumentaron desde la oposición que este modelo supondría renunciar a la escuela pública. El concejal de Educación, Tomás Martínez, señaló que en Santa Pola hay un solo colegio concertado, el Alonai, y que cada año muchas familias se quejan de que no hay plazas suficientes en él. “No pondremos trabas si la iniciativa privada quisiera construir un centro como complemento a la oferta educativa existente”, señaló. “No hay que ceder suelo público a empresas privadas, si quieren construir un centro que lo hagan en los terrenos que ellos puedan sufragarse”, apostilló el concejal del PSOE Francisco Martínez. También quedaron sobre la mesa una moción de EU sobre el Valle de los Caídos y otra sobre la reforma de Ley Electoral. Se aprobó otra de apoyo a los transportistas. El concejal de Hacienda, José Pedro Martínez, contestó a un requerimiento del edil del PSOE Francisco Martínez sobre las facturas pendientes de pago en el Ayuntamiento. Indicó que con fecha 26 de octubre de 2011 existían 456 facturas pendientes de pago por un importe de 1.368.000 euros.
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